NUEVA YORK.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede enCosta Rica, afirmó que la República Dominicana, aceptó en 1999 la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en materia de protección internacional de derechos civiles y constitucionales en los países miembros, por lo que la entidad, se mostró en "shock" por las reacciones del gobierno y diferentes sectores sociales contra la condenatoria de ese tribunal en relación a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), respecto a la situación de más de 200.000 dominico haitianos, la mayoría nacidos en territorio dominicano.
El CEJIL, denuncia que 17 de 23 dominico - haitianos de ambos sexos nacidos en la República Dominicana, y cuyos casos fueron sometidos ante la CorteIDH por esa organización, fueron expulsados "de su propio país, sin garantías, por el color de su piel, en violación a los derechos que les otorga la Convención Americana y otros tratados internacionales de derechos humanos".
La declaración fue hecha por la directora del CEJIL, Viviana Krsticevic, días después que voceros del gobierno dominicano y diferentes sectores sociales, enfrentaran la decisión de la CorteIDH de la OEA, condenando al país por supuestamente negarles la nacionalidad dominicana a miles de hijos e hijas de haitianos, presuntamente nacidos en territorio dominicano.
La directora del CEJIL, recordó que el estado dominicano es signatario de todos los acuerdos y tratados aprobados por la Convención Americana y en ellos, se comprometió a fortalecer el sistema, por lo que tiene que cumplir con las obligaciones establecidas en 1978, en las que la República Dominicana aceptó la jurisdicción obligatoria de la corte en 1999 y durante 15 años ha comparecido ante ese tribunal, expresando de diversas maneras su interés de fortalecer la protección internacional de los derechos.
"Como resultado de más de una década de proceso contencioso internacional, fue posible establecer que nuestros representados, en su mayoría dominicanos, 17 de las 23 víctimas del caso, varios de ellos niños, fueron expulsados de su propio país sin ninguna garantía", añade la declaración de la directora del CEJIL.
"El tribunal interamericano estudió detalladamente, la práctica de la jurisprudencia y la legislación migratoria, y reafirmó lo sostenido en el caso de las niñas Yean y Bosico, de que la normativa no puede aplicarse o interpretarse como un modo de limitar el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas en el país, en función de la situación migratoria de sus padres", explica la organización.
"Más puntualmente, la corte interamericana, cuestionó el razonamiento del Tribunal Constitucional (TC/0168/13) en su decisión sobre la materia por sus efectos discriminatorios y la posibilidad de convertir en apátridas a cerca de doscientas mil personas", agrega.
"Adicionalmente, la corte planteó que deben quedar sin efecto partes de la ley que intenta resolver la crisis de derechos, generada por la sentencia del Tribunal Constitucional en la medida en la que trata a millares de personas como extranjeras, aún cuando nacieron en la República Dominicana. La corte es clara en determinar que los reclamantes del caso que nacieron en el país, deben contar con la nacionalidad dominicana", precisa la declaración de la directora del CEJIL.
Recordó que la corte ha emitido decisiones sobre muchos países y situaciones diferenciadas, que son el cumplimiento obligatorio, según lo establecido en la Convención Americana, citando el caso de naciones que han cambiado sus jurisprudencias, a través de sus tribunales constitucionales como Chile, Argentina, Perú, Colombia y México, entre otros.
Dijo que en Chile y México, se han modificado algunas de sus leyes, en respeto y cumplimiento a la jurisdicción de la corte sobre la materia y en casos de graves violaciones a la libertad de expresión y derechos humanos.
La directora del CEJIL pidió que tanto el estado dominicano, como los diferentes estamentos de decisión, actúen con serenidad, empezando por las más altas autoridades, que deben aceptar el compromiso de garantizar los derechos humanos cumpliendo a cabalidad la sentencia.
"Esperamos de República Dominicana, lo que esperamos del resto de la región: ni más ni menos", dijo Krsticevic.
Pidió a los dominicanos leer con detenimiento la decisión de la CorteIDH y que la apoyen desde sus diferentes espacios de trabajo.
"La decisión expresa la vocación protectora de derechos humanos del último tribunal de justicia de la región", concluye diciendo el comunicado.
Publicar un comentario
AVISO: Su publicación no es inmediata, los comentarios están sujetos a moderacion gracias