La población indignada por archivo de querella contra Leonel Fernández

La “falta de tipificación de las acciones” imputadas al ex presidente Leonel Fernández en la querella que presentara Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, “impide” al Ministerio Público actuar en el caso, por lo que la Fiscalía del Distrito Nacional decidió el archivo definitivo del expediente.

En una comunicación enviada a la prensa dando cuenta de su decisión, la Fiscalía indica que además de la carencia aludida, la querella tampoco ofrece elementos que permitan las diligencias de investigación que se proponen, todo lo cual la convierte en un “caso fracasado”.

Lo anterior ocurre no obstante estar la Fiscalía del Distrito “convencida, en base a los criterios jurídicos expresados, que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano, en lo que respecta al tema en cuestión, no es posible imputar determinadas conductas”, por lo que “embarcarse en la empresa de una investigación en esas circunstancias es violatorio a los principios de razonabilidad, lógica jurídica y contraviene la disposición del principio dos del Código Procesal Penal que le reconoce al proceso penal la característica de medida extrema de la política criminal”.

A seguidas agrega que en esas circunstancias mal podría la Fiscalía iniciar una investigación para probar hechos “que en cierto modo han sido admitidos por los querellados, pero que la legislación dominicana no tipifica y en consecuencia no sanciona”.

 Relevando este déficit jurídico, la Fiscalía proclama su criterio de que no es posible que en un Estado social, democrático y de derecho se tenga que perseguir la corrupción con un Código Penal con doscientos años de antigüedad, aunque en el país haya sido adoptado en 1982.

“ Es necesario que el Sistema Judicial sea dotado de una legislación que se corresponda a los tiempos actuales, a los fines de no tener que seguir llamando ¨indelicadeza” a acciones que deben ser sancionadas penalmente, pero que  la Fiscalía en ninguna circunstancia puede inobservar el principio de legalidad y mucho menos usurpar la función de legislador”, apunta la Fiscalía.