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| Ruben Bichara |
Protestas violentas se extienden por todo el Cibao en reclamo del cese
de los apagones, la construcción y terminación de obras sociales.
Las paralizaciones cobraron la vida de una persona en un barrio de San
Francisco de Macorís en un hecho que todavía no ha sido aclarado por las
autoridades, allí también al menos dos agentes policiales resultaron heridos en
intercambios de balas, piedras y bombas entre manifestantes y miembros de los
cuerpos militares.
Además de las molestias y las pérdidas económicas, los constantes
cortes de electricidad tienen al “volar” a microempresarios cuyos negocios dependen
de la electricidad.
Las protestas se recrudecieron este miércoles con un número
indeterminado de heridos y detenidos mientras los voceros de las
manifestaciones amenazaron con extender el plazo y la cobertura regional de la
jornada convocada por decenas de organizaciones vecinales, juveniles,
estudiantiles, religiosas y ecológicas. Varios grupos políticos agrupados en la
denominada Izquierda Revolucionaria (IR) ofrecieron su respaldo a las
protestas. También apoyan las movilizaciones el Frente Amplio de Lucha Popular
y la Red de Acción Política.
La incomodidad por los prolongados apagones ha servido de caldo de
cultivos de las protestas en otras comunidades de la región cibaeña como
Navarrete, Licey al Medio, Santiago, Dajabón, Mao y Esperanza.
La estatal distribuidora de electricidad Edenorte explicó que la
precariedad del servicio eléctrico se debe a que las principales plantas
privadas de generación se encuentran fuera de servicio por mantenimiento
programado, en especial San Felipe, Puerto Plata que aporta 180 MW al sistema
de distribución.
Sin embargo, el administrador de la CDEEE, Rubén Bichara, reveló ayer
en el Palacio Nacional, según publicaron varios medios informativos, que los
apagones son financieros porque en este momento era imposible mantener una
planta quemando combustible las 24 horas del día.
Aunque el gobierno había negado tal posibilidad, las declaraciones de
Bichara en el Palacio admitiendo que los apagones son financieros pueden leerse
como una posible complicación de las relaciones entre las autoridades y las
empresas del sector eléctrico.
Las declaraciones de Bichara han llamado la atención de más de un
analista por entenderse que después de prometer y dar seguridad de que el
problema sería resuelto en breve plazo, ahora se muestra impotente ante el
problema y presenta un panorama que además de pesimista genera incertidumbre,
tanto entre los usuarios domésticos del servicio como entre los sectores
productivos, ya que los deja “sin saber a qué atenerse”.
Además de las molestias y las pérdidas económicas, los constantes
cortes de electricidad tienen al “volar” a microempresarios cuyos negocios
dependen de la electricidad. Colmados, salones de belleza, talleres,
lavanderías, artesanos se han visto paralizados por ser el principal insumo de
su producción precisamente la electricidad.
Mientras tanto, Edenorte indicó que la situación volverá a la
“normalidad” a partir del 9 de mayo, fecha donde se espera que la generadora
San Felipe, Puerto Plata, vuelva a encender sus motores. Empero, hay quienes
piensan que la salida de las plantas de generación obedece a una estrategia de
presión de los inversionistas privados para cobrar al gobierno deudas atrasadas
por un monto aproximado de 700 millones de dólares.
Aunque el gobierno había negado tal posibilidad, las declaraciones de
Bichara en el Palacio admitiendo que los apagones son financieros pueden leerse
como una posible complicación de las relaciones entre las autoridades y las
empresas del sector eléctrico. Las primeras han anunciado en varias ocasiones
que gestionan un préstamo con organismos internacionales para ponerse al día
con las cuentas pendientes, pero las segundas parece que se cansaron de esperar
y optaron, como en otras ocasiones, por cobrar las cuentas de manera
compulsiva.
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