En un informe sobre la situación de Haití, después del terremoto de 2010, Amnistía Internacional describe un cuadro "nefasto" y dijo que hasta 82 haitianos tienen que compartir un baño, mientras muchos no tienen acceso a una letrina.
La organización mundial de derechos humanos explica en el reporte que "la negación del derecho a una vivienda adecuada en Haití, documenta la trágica falta de progresos para reconstruir el país desde el terremoto de 2010".
La entidad dijo que sus investigadores han encontrado que más de 2 millones de haitianos se quedaron sin hogar, luego del sismo del 12 de enero de 2010 y que hasta septiembre de 2014, existían 123 campamentos para desplazados internamente, albergando a 85,432 damnificados.
Sostiene que las condiciones en muchos campos de desplazados internos son "nefastas" y un tercio de todos los que viven en esos campamentos, no tienen acceso ni siquiera a una letrina. "En promedio, 82 personas tienen que compartir un baño".
Indica que los desalojos forzados de los campamentos son un problema grave y permanente, y que más de 60,000 personas fueron sacadas a la fuerza de sus refugios en los campamentos desde 2010.
La cuarta parte de los que permanecen en los campamentos, siguen en riesgo de ser desalojados. La entidad, documentó seis casos de desalojos forzosos de los campamentos y asentamientos, desde abril de 2013.
Más de mil familias, añade el reporte de Amnistía Internacional, fueron afectadas. Alrededor de 37,000 casas han sido reparadas, construidas o reconstruidas, pero sólo un 20 % de las solicitudes de viviendas, proporcionadas como respuesta a la catástrofe, podría ser visto como una alternativa sostenible a largo plazo.
"En cambio, la mayoría de los programas solamente han proporcionado medidas temporales, como la construcción de refugios no permanentes y la asignación de subsidios para alquiler de casas", agrega el reporte.
Pero los subsidios de hasta $500 dólares fueron suspendidos y más de la mitad de quienes los recibían, tuvieron que abandonar sus hogares, según una encuesta de 2013.
Amnistía Internacional denuncia también que cientos de familias han sido desalojadas por la fuerza del centro de Puerto Príncipe, desde mayo de 2014 para construir edificios del gobierno.
Señala que hubo una crisis en el sector viviendas, incluso antes del terremoto, lo que creó un déficit nacional estimado en 700,000 unidades.
Otras 250,000 casas fueron destruidas por el sismo, siendo ese sector el más impactado, con daños calculados en $2,300 millones de dólares, el 40 % del daño económico total causado por el terremoto.
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