Por
MARINO BAEZ
La justicia dominicana ha venido cayendo en el descrédito
en la toma de decisiones contra la
impunidad y la corrupción administrativa enquistadas en los fueros del Palacio
Nacional, principalmente, durante los Gobiernos presididos por el doctor Leonel
Fernández, donde a pesar de las críticas, Condenas en juicios Populares y
demandas de la sociedad, esta se ha convertido en la más sofisticada defensora del robo y el
despilfarro público.
La decisión tomada, no en contra de Guillermo
Moreno, sino contra un alto porcentaje de la sociedad dominicana, por la Fiscal
del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso Gómez, responde a un interés particular,
oportunista, favoritista y de desagravio en favor del ex presidente que cargó
con una gran parte del patrimonio público en complicidad con sus acólitos de
palacio.
Certeramente, el país goza de una inseparable
democracia, sin embargo, esta se encuentra plagada de impunidad en todos los
estamentos del estado y el solo hecho de una fiscal convertirse en cómplice de
esa impunidad merece el rechazo sistemático, audaz y despreciable de los
ciudadanos, porque un país donde no se escucha y promueve el sentir de la
sociedad en contra de los corruptos, no es un país donde se respeta la
democracia.
“La impunidad es falta de castigo, así como
impune es lo que queda sin castigo” (Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española). En esencia, el archivo definitivo de la demanda por lavado de
activos en favor de la Fundación Global, propiedad de Leonel Fernández, es una defensa
coercitiva a la libertad que un supuesto delincuente logra de la pena en que ha
incurrido, aun con las informaciones probatorias y fehacientes del delito
cometido.
El rosario de acusaciones públicas en los
medios escritos, electrónicos y en parques recreativos de las provincias del país,
son más que suficientes para que el ex presidente Fernández fuera llamado a un juicio
público, oral y contradictorio, a fin de responder por las acusaciones, sin
embargo, motivos y circunstancias bien conocidas llevaron a la fiscal Yeni
Berenice a actuar en consecuencia favoritista.
Como decía Cabanellas “la causa más común,
porque es la que más hiere la sensibilidad colectiva, está representada por
aquellos casos en que, siendo conocidos los autores, no se los persigue por
razones de orden político, siempre abusivas y propias de Estados en los que la
libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y
el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo
y la cobardía general”.
La estrategia del Poder Judicial, de mantener
impune el poder político, preferencialmente el ejecutivo, sirven a un interés particular avasallante de
la dignidad, el desarrollo, la organización, la democracia y la libertad, donde
son vedadas todas las posibilidades de castigo a quienes han malversado, robado
y desviado recursos públicos, con fortunas y bienes que están a luz de todo el
mundo, más que suficientes para profundizar una exhaustiva investigación, a fin
de que los autores del robo vayan a la cárcel.
Fueron incontables los Juicios Populares
desarrollados en las provincias contra el ex mandatario, que para Yeni Berenice
no tenían importancia, no llenaron las expectativas, ni consecuencias judiciales,
por lo que sería oportuno que esos mismos Juicios Populares se realicen a todo
lo largo y ancho de la Geografía Nacional, siempre en rechazo a la decisión de
archivar definitivamente el expediente acusatorio contra Leonel Fernández, pero
solicitando la sustitución de la Magistrada Yeni Berenice, que en vez de bien
le hace un gran daño a la justicia dominicana.
La estrategia contra la corrupción y la
impunidad en el Gobierno, el Congreso y la Justicia debe ser estricta,
drástica, contundente y sin espacio para la benevolencia, porque esta se ha
convertido en un crimen que afecta las familias, la integridad, el tejido
social, la seguridad y el patrimonio nacional.
El autor es Periodista
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