SANTO DOMINGO.- Un estudio sobre las dificultades que enfrenta el
cumplimiento de la Ley 200-04 revela que el
47% de 287 instituciones públicas monitoreadas continúan utilizando el código del silencio
cuando se les solicitan informaciones sobre la ejecución presupuestaria y el
manejo de los recursos públicos.
El informe dado a conocer este
miércoles por el movimiento cívico Participación Ciudadana señala que las
instituciones más renuentes a ofrecer información y que obtuvieron las peores
calificaciones son la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE), el Ministerio de Educación Superior, el Instituto de Recursos
Hidráulicos (INDRHI), la Oficina de Reordenamiento del Transporte, Bienes
Nacionales y el Instituto Nacional de Agua Potable, con calificaciones que van
de 0 a 29 puntos, debido al caos con que manejan sus finanzas.
Leído por Cándido Mercedes, el
informe de monitoreo determina que las instituciones más transparentes son la
Procuraduría General de la República, la Dirección General de Compras y
Contrataciones y la Superintendencia de Pensiones, que obtuvieron puntuaciones
de 90 de 100.
El 58% de las instituciones a
las que el Observatorio Ciudadano dio seguimiento ofrecieron las informaciones
solicitadas. Del total, un 4 % respondió fuera de los plazos y un 11 % violó la
ley al ofrecer respuestas incompletas.
El presentado hoy es el sexto
informe de este tipo elaborado por PC.
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