En lo referente al caso de la empresa Telexfree, Castro indicó la Superintendencia de Valores cumplió con el deber que le corresponde a dicha institución, debido a que la Ley de Valores no les otorga el poder necesario para intervenir de forma directa, por lo que presentaron la denuncia este tipo de actividades ante el Ministerio Público, siendo la entidad que posee jurisdicción legal sobre estos actos ilícitos.
“En nuestro país hay un vacío legislativo en ese sentido. Nosotros, al existir ese vacío, actuamos de oficio, porque la ley de valores no nos da el alcance necesario para actuar en ese sentido”, explicó Castro.
Castro apuntó que la empresa Telexfree no estaba constituida como una sociedad registrada dentro del mercado de valores o como una asociación de intermediación financiera, por lo que no le competía a la superintendencia de valores o la de bancos realizar las investigaciones de lugar.
De su parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, externó la necesidad de crear las soluciones legales pertinentes para la prevención de actividades ilícitas fraudulentas como las realizadas por la compañía Telexfree.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que estén alerta y comprendan que esos esquemas de supuestos ahorros y ventajas han sido reiterativamente manifestaciones de estafa y de delincuencia.
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