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OPINION: La maldición haitiana y nuestra nacionalidad

El autor es Periodista y Relacionista Publico
Por MARINO BAEZ

Nos quieren usurpar nuestra nacionalidad y no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia, ni aceptando el chantaje de grupos anti dominicanos, haitianos y personas de otras latitudes, como los representantes de Amnistía Internacional (AI), la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y del Caricom,  quienes presionan al Gobierno para imponernos que se vulneren las leyes y la Constitución Dominicana.

Los dominicanos sensatos y defensores de la nacionalidad, no podemos permitir que esta patria por la que lucharon Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y otros prohombres, para lograr su libertad, sea vulnerada caprichosa y oportunamente por personas que en su haber y de acuerdo a sus pronunciamientos sólo defienden intereses económicos.

Por si se le olvido al Gobierno, el trasiego de haitianos ilegales es  apadrinado por vándalos nacionales e internacionales, sin tomar en consideración el tipo de enfermedad que nos traen las mujeres embarazadas, los niños y las armas ilegales que entran al país, entre otros males que  nos afectan, lo que se constituye en una maldición y un atentado a la nacionalidad, que nos toca negativamente, degenera en la inmoralidad y sustituye la empleomanía, mientras el país vive protestando por falta de trabajo para poder subsistir.

Es de rigor el cumplimiento a la sentencia 0168/13 del Tribunal Constitucional (TC), que regula la definición de la nacionalidad dominicana, cumpliendo el mandato establecido por nuestra carta magna, mediante el  respeto a los derechos que tienen los dominicanos de no permitir que se fusionen dos culturas que ni en lo más remoto de la historia contemporánea son afines, aunque ciertas personas financiadas económicamente por organismos internacionales quieran justificarla.

Debemos tomarle la palabra a nuestra eminencia reverendísima, cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, a favor de la sentencia del TC, porque es responsable, en defensa de la nacionalidad dominicana y de nuestros símbolos patrios, visto que de acuerdo a la Constitución “no son dominicanos los hijos de inmigrantes ilegales o en tránsito nacidos en este país”.

El hecho  de defender nuestra nacionalidad, no significa que seamos “racistas”, como  nos han calificado en diversos escenarios. No señores críticos, anti dominicanos y defensores de los inmigrantes y violadores de los derechos patrios. Veámoslos más bien, como defensores de los principios que ustedes no tienen o que quizás no les enseñaron a defender, poniendo como principal activo la moral de familia.

“En este país mandamos los dominicanos”. Si Nicolás, a pesar de que somos justos y condescendientes con los haitianos y otros inmigrantes, a quienes albergamos y hasta les permitimos que nos sustituyan la mano de obra, les facilitamos mucho más atención alimenticia y de salud que a las personas que nacieron en este terruño, tienen las documentaciones requeridas y pagan los impuestos acordes con las leyes.

“La gratitud tiene un gran riesgo” (MB) y es oportuno el escenario actual para que el Gobierno, bajo la tutela formal de la sentencia emitida por el TC, la Constitución Dominicana y la Ley de Inmigración, responda contundentemente a quienes han hecho de vocero nacionales e internacionales, su defensa en contra de la nacionalidad dominicana, deportando a todos los haitianos y de otras naciones que se encuentren ilegales en nuestro país; y decida luego de su deportación, quienes pueden entrar al país, siempre que cuenten con los documentos requeridos.

De acuerdo con el Articulo 3 de la Constitución, “La soberanía de la Nación Dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana”.

Es hora de actuar y no embargarnos en discursos estériles que sólo contribuyen a nublar los intereses de la nacionalidad, los principios y las leyes.

El autor es periodista.
Vive en Bonao

Derechos reservados.

Octubre 18, 2013 
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