SANTO DOMINGO.- A pesar de que según las
autoridades, la cifra de victimización
se redujo en un 2.8% respecto al año pasado, la ola de violencia e inseguridad
que viene registrándose en los últimos tiempos en la República Dominicana,
tiene a la sociedad sumida en el pánico y el miedo a salir a las calles ante el
temor a ser una víctima más de los delincuentes que parecen cada vez ser más
despiadados en sus mal hechuras.
Los hechos de sangre que a diario se registran en diferentes partes del
país tienen a la ciudadanía atemorizada
y alarmada ante la frialdad e impiedad de los delincuentes con sus víctimas.
Aunque son innumerables los hechos de sangre que cada día se registran en
el país, hay casos que por la brutalidad y frialdad con que han sido cometidos,
impactan de manera profunda a la sociedad, tales como el asesinato de una
pareja de ancianos y sus dos trabadoras; el crimen de la madre del ex pelotero
Miguel (Guelo) Diloné, asesinada en su
propia casa en la provincia de Santiago.
Asimismo, cabe mencionar la muerte a martillazos del también ex pelotero de
Grandes Ligas, Pascual (Cuta) Pérez, también en su casa y más recientemente, el
caso de la ingeniera Francina Hungría, quien ya perdió un ojo y lucha por el
otro, tras recibir un disparo en la cara por unos delincuentes para despojarla
de su vehículo cuando huían de un atraco.
Para alarmar mas a la población,
este miércoles 12 de diciembre
fueron encontrados asesinados en un ajuste de cuentas, cuatro hombres en
una zona rural del municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
La inseguridad que se vive en el país ha traspasado los límites de los
horarios, ya que comúnmente la gente tenía miedo de noche por la oscuridad, pero eso ha cambiado, ya
que no es raro que a plena luz del día se produzcan hechos delictivos sin
importar el lugar.
Esta situación ha llevado a la población a una indignación tan alta que en muchos casos han tomado la justicia en
sus propias manos, linchando muchas veces a los malhechores, ante la impotencia
de ver que quienes cometen los crímenes, se pasean por las calles como si no le
temieran a la justicia.
POSIBLES CAUSAS DE LA OLA
DELICTIVA
A juicio del politólogo y experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou, el
origen de la ola delictiva que afecta al país hay que buscarlo en los sectores
marginados, ya que según explica, son sectores con los que históricamente el
Gobierno tiene una deuda social.
“Definitivamente los actores del delito son dominicanos, la mayoría
proceden de sectores excluidos con los cuales tradicionalmente ha habido una
deuda social muy amplia Gobierno tras Gobierno”, explica Pou.
De acuerdo a los datos arrojados por el politólogo y experto en seguridad
ciudadana, este es un problema que ha venido surgiendo desde el 1999, año en el
que según explica, República Dominicana tenía un índice de victimización por
violencia de 13 puntos por cien mil habitantes, cifra que era considerada como
normal o una de las más bajas de la región.
Sin embargo, Pou destaca que seis años más tarde, es decir para el 2005,
“Que es cuando se lanza el famoso Plan de Seguridad Democrática, que la gente
le llamó Barrio Seguro, las cifras ascendieron en seis años a 26.8%, o sea,
estaba en el tope de lo manejable y en
el 2005 nos ponemos en una cifra roja, alta, incluso para la región”, destaca
el experto, quien subraya también que hasta febrero de este año no hubo manera
de que las autoridades amortiguaran estas cifras.
Al respecto, el reconocido
psiquiatra César Mella, destaca algunos elementos que facilitan la violencia y
ola de delincuencia, tales como el uso de carnets así como el de vestimentas y uniformes militares.
Asimismo, el profesional de la conducta
llama a reflexionar sobre el paradero de los casi 15 mil deportados que
han llegado al país, luego de cumplir
condena por varios delitos en los Estados Unidos en las últimas décadas y su
posible implicación en los hechos delictivos que se llevan cabo en todo el
territorio nacional.
“¿Pero sabe la Policía de las más de 20 mil personas que tienen más de tres
fichas por robo y violencia física? Yo
creo que ese tipo de desafío bravuconeado, son personas que se sienten apoyadas
o que no tienen miedo”, dice al respecto el siquiatra César Mella.
De su lado, Pou reseña que la Policía ha perdido presencia y dulpa por lo que hace, que está acostumbrado a la sangre y
que tiene más de un muerto en su vida”.ominio del
espacio público, y que los 34 mil policías de que se dice hay en la institución,
no son más que 34 mil personas en nómina, que no es lo mismo, ya que según
explica, en el país hay lugres donde la presentica policial es nula.
Tanto el doctor Mella como el politólogo Pou, expusieron sobre el tema al
participar en un panel en el programa “Oye País”.
PLAN DEL GOBIERNO
Ante el visible fracaso del Plan de Seguridad Democrática (Barrio Seguro),
implementado en el 2005 por el entonces presidente Leonel Fernández, el
Gobierno de Danilo Medina ha anunciado su nuevo plan de seguridad ciudadana
denominado “Vivir Tranquilo”, el cual se pondrá en marcha a partir de enero
próximo.
Igualmente, el presidente Medina ha manifestado su gran interés en la
reforma policial, para lo que ya designó una comisión que encamine el proyecto,
con el fin de que el país cuente con una Policía moderna y una seguridad más
eficiente.
Al igual que sus antecesores, Medina ha declarado tolerancia cero contra la
delincuencia en el país, pero la
población está en espera de acciones rápidas que le garantice su seguridad al
salir a la calle, ya que se quejan constantemente de la incertidumbre en que
viven, porque ni siquiera en sus hogares se sienten seguros.
Entre las medidas concretas
anunciadas por el Gobierno para hacerle frente a delincuencia y garantizar la
seguridad ciudadana están la evaluación de Proyecto de Reforma Policial; firma
de acuerdo con Estados Unidos sobre el Control de Narcotráficos y la fuerza
Pública; creación del programa "Vivir Tranquilo"; creación del
contingente militar “Fuerza de Tarea Institucional Frontera Segura”;
implementación del “Plan de Convivencia” en las 32 provincias del país para el
rediseño de la Política Criminal del Estado; firma de acuerdo entre la Junta
Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Interior y Policía para el control
de armas y reforzamiento del cuerpo
policial.
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