Las administraciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) de los últimos 20 años se beneficiaron con miles de millones de pesos, mediante la aplicación de una ley adulterada para incluir una multa de 20% a la totalidad de los derechos de impuestos que los importadores pretendan evadir, con el objetivo de repartirse esos recursos entre funcionarios y empleados del organismo recaudador.
La multa impuesta en base a la Ley 14-93 reportó miles de millones de pesos desde su creación. Sólo entre agosto de 2004 y noviembre de 2008 la administración de Miguel Cocco recibió por la aplicación de la legislación un total de RD$672,526,775.66, según datos publicados por Gregorio Lora, asesor de la dirección del organismo, en la revista oficial de la DGA correspondiente a enero de 2009.
Acento.com solicitó a la DGA información actualizada sobre las recaudaciones por la citada multa. Sin embargo, no tuvo respuesta de la actual administración de Fernando Fernández. La misma suerte corre el senador del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Monte Plata, Charles Mariotti, según Wilfredo Ubrí, presidente de la Asociación Nacional de Importadores.
Consultado al respecto, el senador Mariotti confirma la versión de Ubrí y asegura: “No quiero adelantarme, pues estoy a la espera de la información solicitada a Hacienda y a la DGA. Asumo que llegará en el momento en que se abra la legislatura”.
Mientras, la tardanza del Departamento de Libre Acceso a la Información Pública de la DGA evidencia el secretismo con que los directores de esa dependencia y su entorno manejan fondos recabados con la aplicación de la multa para beneficios de funcionarios.
La Ley 14-93, promulgada por el entonces gobernante Joaquín Balaguer, el 26 de agosto de 1993, aparece adulterada en la Gaceta Oficial número 9864, impresa en Editora Taller. Su aprobación en la Cámara de Diputados encabezada por Norge Botello, se produjo el 28 de julio de ese año y su ratificación en el Senado presidido por Augusto Féliz Matos, el 4 de agosto del citado año.
El abogado Miguel Álvarez Hazim, especialista en derecho aduanal, lleva varios años luchando para que las autoridades cesen de cobrar multas en base a la Ley 14-93.
En su bufete, Soluciones Jurídicas & Aduanales, tiene varios documentos que ayudan a formar una idea de lo lucrativa que resulta para los administradores de Aduanas. En 2009, por ejemplo, uno de sus clientes que importó vidrios, espejos y aluminios desde China recibió una notificación firmada por César A. Díaz García, gerente de fiscalización de la DGA, en la que el organismo reclamaba un pago de RD$11,719,910.30.
De esa suma, un total de RD$732,494.39 irían a parar a la Cuenta Especial creada por la penalidad del 20% establecido en la Ley 14-94. Un monto que, según Álvarez Hazim, va a parar –en la mayoría de los casos– a la cúpula que dirige la institución recaudadora y que, desde su punto de vista, sólo se democratizó un poco en la gestión del fallecido Miguel Cocco.
Otro de sus clientes, una importadora de tejidos radicada en Bonao, recibió el 19 de julio del año pasado un acto de alguacil en la que las abogadas Rossanna Altagracia Valdez Marte y Lourdes Marisol Ruiz Castro le notificaban, a nombre de la gestión de Fernando Fernández, que debía pagar en un plazo de cinco días la suma de RD$4,169,717.03. En el desglose del cobro se especifica que RD$694,920.86 correspondían a la sanción de la Ley 14-93.
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