
Las personas desalojadas tanto de
propiedades públicas como privadas han quedado "aún más marginadas y
empobrecidas", señala Amnistía en su informe. La organización señala que el
presidente Michel Martelly "ha sido negligente al no detener las
expulsiones, que son realizadas por policías, alcaldes u otros funcionarios"
y son llevadas a cabo "con total impunidad".
El primer ministro Laurent
Lamothe reconoció la existencia de expulsiones en declaraciones a la agencia
Associated Press, pero aseguró que el gobierno no respalda esas acciones y ya
ha reubicado a 1,2 millones de personas. El terremoto de 2010 dejó más de
300.000 muertos.
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