Academia de Ciencias atacaría jurídicamente venta terrenos Bahía de las Águilas

Jurista advierte que el Poder otorgado por el presidente a funcionarios para arribar a acuerdos con detentadores de terrenos y su venta, es anulable

Miembros de la Academia de Ciencias de República Dominicana advirtieron que el Gobierno caería en violaciones de la Constitución y de las leyes si vende los terrenos de Pedernales que corresponden a las áreas protegidas de la provincia y otras de reserva ambiental, ubicadas en las proximidades.

Entrevistados en El Gobierno de la Tarde de la Z101, Adolfo López y el jurista Eulin Cuevas Medina, de la Academia de Ciencias, dijeron que han elaborado un proyecto de desarrollo, el cual presentarán al Gobierno, que conservaría las zonas bajo protección ambiental e impulsaría otras con grandes expectativas de explotación para fines turísticos.

Advirtieron a quienes proyectan comprar terrenos al Estado en Bahía de las Águilas, que cometerían un grave error, en vista de que el acuerdo sería recurrido ante los tribunales de la República, porque los contratos serían ilegales y violatorios a la Constitución.

El doctor Cuevas Medina sentenció que esos contratos no tendrían efectos jurídicos, en vista de que jurícamente el poder dado por el presidente Danilo Medina a sus funcionarios para arribar a un acuerdo con detentadores de los terrenos en las zonas, es anulable.

Se basó en que la transacción violaría el inciso 3 del Artículo 16 de la Constitución de la República y la Ley General 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, de julio del 2004.

Señaló como de suma importancia la parte penal del proceso, ya que el Artículo 184, de la Ley 64-00, establece que los funcionarios del Estado, que por acción u omisión transgredan la Ley y las legislaciones complementarias, son susceptibles de ser condenados a tres años de prisión y el pago de una multa de 10 mil salarios mínimos.

Sentenció que parte de las parcelas contenidas para impulsar el desarrollo turístico, según el proyecto del Gobierno, afectaría áreas protegidas, por lo cual insistió en la advertencia de la Academia de Ciencias de que para enajenar esos terrenos se requeriría la aprobación del Congreso Nacional, con las tres cuartas partes de la membresía de cada cámara legislativa.

Señaló, además, que la transacción violaría el artículo 17 del Acuerdo de Libre Comercio (DR-Cafta), suscrito por el Gobierno con Estados Unidos y los países de Centroamérica.

Precisó que según ese artículo, el Estado dominicano no puede reducir las áreas protegidas para favorecer el comercio o el turismo, como en el caso referente a Bahía de las Águilas.

Plantea alternativa

De su lado, Adolfo López, miembro de la Academia de Ciencias, definió de rídiculo que se trate de justificar lo injustificable, en el caso de Bahía de las Águilas, e impensable sostener que los defensores del medio ambiente se opongan a desarrollar Pedernales.

Manifestó que en las zonas de Bayahíbe y Bávaro, de La Romana e Higüey, se han desarrollado proyectos turísticos con gran éxito, que han contribuido a impulsar las economías de la región Este, sin afectar las áreas bajo protección ambiental.

En ese sentido, consideró que en Bahía de las Águilas el Gobierno también debe impulsar el desarrollo de Pedernales sin afectar esa zona de gran atractivo natural.

Como alternativa López plantea que el Gobierno tome en cuenta la zona de Cabo Rojo, que dijo tiene un área extensa de 16 kilómetros de playa con aguas cristalinas que no están bajo protección y donde se puede impulsar el turismo y contribuir a la generación de empleos, dinamizar el comercio y la economía provincial y regional.

Explicó que el Gobierno no ha sido claro en torno a la zona donde planea desarrollar los proyectos turísticos, pero a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y los ministros de Turismo y Medio Ambiente, Francisco Javier García y Bautista Rojas Gómez, ha prometido no tocar el área de Bahía de las Águilas.

Dijo confiar en que esa promesa será cumplida por el presidente Danilo Medina al momento de enajenar los terrenos que se utilizarán para impulsar el desarrollo de Pedernales ni las áreas protegidas colindantes.

Sin embargo, López denunció que en varias parcelas de las proximidades hay quienes han comenzado deslindar terrenos y hacinarlos, para buscar indemnizaciones o darles mayor valor, a partir del anuncio gubernamental.

Acción fraudulenta

López sostuvo que la litis sobre los terrenos data de 14 años, y la acción se constituyó en un gran fraude contra el Estado dominicano, pero que en inicios era fácil de resolver.

Argumentó que se había determinado en la ocasión que los terrenos distribuidos a través del Instituto Agrario Dominicano (IAD) a supuestos campesinos para proyectos de la Reforma Agraria, fue un fraude, ya que los títulos se expidieron a nombre de personas que no sabían de esa operación y se hizo en zonas no cultivables, para posteriormente comercializar los terrenos.

 Plantea expropiación de terrenos

López dijo estar indignado por la situación descrita, pronunciamiento con el que se solidarizó el comentarista Domingo Páez, quien planteó que el Gobierno expropie los terrenos en litis, en vez de ceder ante quienes detentan los alegados títulos.

Páez sostuvo, sin embargo, que el Gobierno teme declarar la expropiación por los defensores de la alegada seguridad jurídica, entre los que hay opositores políticos que gozan con escándalos y el dejar pasar o no ejecutar de las autoridades.

No obstante, respaldó el proyecto gubernamental y consideró que mientras más tiempo dura la litis, más tiempo duraría la traba al desarrollo de Pedernales.

 

 

Consuelo denuncia transacción de Leonel

 

 

Durante el programa, la comentarista Consuelo Despradel presentó unos documentos, avalados por el Congreso Nacional y Bienes Nacionales, aprobatorios de la venta de 62 mil kilómetros cuadrados al empresario italiano Augusto Melony, al precio de 235 y 237 pesos el metro cuadrado en Pedernales.

 

Según afirmó ese precio de tasación fue el sugerido por el presidente Leonel Fernández para la venta a través de Bienes Nacionales, la cual avaló con su firma el exadministrador Elías Wessin Chávez.