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El presidente del Consejo
Directivo de la entidad, Carlos Amarante Baret, advirtió que estas nuevas tasas
“van en detrimento del sector de las telecomunicaciones en el país”.
Recordó que ya los usuarios de
servicios de telecomunicaciones pagan un gravamen mensual de 30%, de los cuales
18% corresponden al ITBI; 10% a Impuestos sobre la Renta y 2% al Fondo para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).
Consideró que el sector no
puede ser afectado por una nueva carga impositiva y favoreció, en cambio, que
el Estado realice “el correspondiente estudio de costos” que determine la
inversión que conlleva implementar el referido Sistema de Emergencia 911.
“Entendemos que el Estado debe
cubrir en su totalidad los gastos de implementación, ya que es contraproducente
la aplicación de nuevas medidas impositivas”, enfatizó el funcionario.
Declaró que debido a la
complejidad del proyecto hay que analizar el redireccionamiento de las llamadas
e interconexión, identificación desde celulares, garantía de rapidez en la
respuesta incluyendo policías y ambulancias, número de empleados e inclusión de
proveedores de servicios privados de ambulancias y helicópteros.
A su juicio, la iniciativa en buena,
pero “existen aspectos de la redacción que podrían ser optimizados de manera
tal que dicho texto legal se convierta en una pieza legislativa útil para
nuestro país”.
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