Mientras un 40% de la población latinoaméricana ha pasado a un grupo de ingresos superior en la última década, en República Dominicana, menos del 2% de la población escaló a un grupo de mayores ingresos y casi un 20% cayó a un grupo de menores ingresos”, según un informe de la organización global para el desarrollo Oxfam.
El organismo asegura que "en República Dominicana tenemos una política tributaria que profundiza desigualdades y, pese a los altos niveles de crecimiento económico, no se consigue reducir significativamente la pobreza y la desigualdad”.
“De acuerdo con la CEPAL, en 2012, el quintil más pobre de población (una quinta parte más pobre de toda la población del país) captaba solo el 4% de los ingresos del país, mientras que el quintil de población más rica captaba el 50,8%, prácticamente la misma participación en el ingreso total de ambos quintiles que en 2002”, expresa el informe “Justicia fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe”.
Las causas de este mal resultado son la estructura tributaria, la mala calidad de las políticas públicas y la falta de financiación de áreas prioritarias para el desarrollo, según Rosa Cañete Alonso, directora de Oxfam en República Dominicana y coordinadora de la campaña contra las desigualdades en Latinoamérica y el Caribe (LAC).
“La pobreza y las desigualdades son evitables y no caen del cielo. El diseño del sistema fiscal es un espejo de la voluntad política de los gobernantes para crear una sociedad más equitativa o una más desigual. El análisis que hicimos de los sistemas fiscales de la región muestra que están moldeados para el beneficio de las élites económicas y políticas y no de las mayorías”, asegura Cañete.
A pesar del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza en la región durante la última década, LAC sigue siendo la región más desigual del mundo. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina y el Caribe el 28% de sus 575 millones de habitantes viven en la pobreza.
América Latina y el Caribe
De acuerdo al informe, los gobiernos de América Latina y el Caribe deben implementar reformas fiscales que beneficien a toda la ciudadanía y no sólo a las élites económicas y políticas.
Asimismo, el estudio resalta los bajos niveles de recaudación de impuestos de la región, en contraste con las grandes necesidades sociales.
"La falta de voluntad política de los gobiernos para recaudar impuestos sobre la renta y la riqueza favorece a quienes más tienen y deteriora la calidad de vida de la ciudadanía con menores ingresos", señala el documento.
Agrega que las empresas en Latinoamérica y el Caribe (LAC) registran niveles de evasión que van del 46% en México al 65% en Ecuador, sin suficientes sanciones a los evasores.
“Los gobiernos de la región no están dispuestos a pagar el costo político de mejorar la recaudación de los impuestos que gravan la riqueza. Por ello los sistemas fiscales dependen de los impuestos al consumo, como el ITBIS, los cuales terminan pesando más sobre los pobres”, explica Cañete.
Según Oxfam, la desigualdad de los sistemas fiscales de la región también se ve reflejada en las grandes exenciones tributarias que los gobiernos conceden a las empresas locales y multinacionales.
“Estas exenciones refuerzan la acumulación de riqueza de las élites y al final es la población más vulnerable que paga las consecuencias al no contar con servicios públicos de calidad, teniendo en muchos casos que acudir a servicios privados tanto de salud como de educación”, señala Cañete.
Advierte que la permisividad de los gobiernos con los paraísos fiscales es un claro incentivo a la evasión y elusión fiscal de empresas y multimillonarios.
De acuerdo al informe de Oxfam, los impuestos que generarían sólo el 3,5% de los capitales latinoamericanos que están escondidos en paraísos fiscales, sería suficiente para que 32 millones de personas salgan de la pobreza. Es decir, todas las personas pobres de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.
Oxfam hizo un llamado urgente a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a que garanticen que los sistemas fiscales reduzcan las desigualdades y protejan los derechos de las mayorías.
Recomendó que los gobiernos prioricen y financien políticas públicas que enfrenten la desigualdad desde sus raíces, ejerzan una mayor presión para que quienes tienen más contribuyan más, instauren cero tolerancia al fraude fiscal y acaben con la falta de transparencia de los paraísos fiscales.
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