El Gobierno recurriría al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para estudiar lascaracterísticas naturales de Loma Miranda, luego de que el presidente Danilo Medina observara la ley que convertiría el área en un parque nacional.
La revelación la hizo este miércoles el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, quien dijo esperar que los científicos y ambientalistas dominicanos no se sientan mal, porque la medida tiene el objetivo de buscar la verdad científica.
“Yo le voy a proponer al Gobierno dominicano, porque hay un órgano de Naciones Unidas que especialista en este tipo de temas, que es el PNUMA, que es el órgano oficial de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Recursos Naturales; yo voy a pedir la asistencia de ellos. Y yo no quiero que se sientan ofendidos los científicos y ambientalistas dominicanos, y les pido la asistencia a todos, pero de una manera equilibrada, para buscar la verdad científica, no sobre la base de información que tú me digas”, dijo.
El funcionario puso de ejemplo el argumento no cierto contenido en la ley devuelta al Senado, de que las aguas de Loma Miranda irrigan 122,000 tareas y que además, suplen la presa de Rincón.
Conforme su explicación, lo cierto es que de Loma Miranda sale el río Jagüey, que es afluente del río Pontón, éste del Camú y a su vez, éste del Yuna que desemboca en la Bahía de Samaná.
“Esto quiere decir, que este río, que es el más importante, y algunos arroyos que son intermitentes que sólo en época de lluvia aparecen, ninguno llega a la presa de Rincón; entonces, no aportan agua ni al acueducto de La Vega, ni al acueducto de Cayetano Germosén, Villa Tapia, Salcedo, Tenares, San Francisco de Macorís, Las Guáranas ni Ranchito, que son los que se alimentan de la presa de Rincón”, explicó el funcionario.
La ley observada
El ministro de Medio Ambiente salió en defensa de la decisión del Poder Ejecutivo de observar la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda en la zona montañosa entre Monseñor Nouel y La Vega, y a donde quiere extender la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo-Glencore) sus actividades de extracción de níquel.
En el plano jurídico, por ejemplo, Rojas Gómez sostiene que se hubiese promulgado la ley, un recurso de una simple junta de vecinos ante un tribunal contencioso administrativo habría sido suficiente para su declaratoria de inconstitucionalidad.
Basa su criterio en que el artículo 51 de la Constitución, que establece cómo se expropia una propiedad privada, dice que “se hace previa valoración, evaluación y pago, a menos que el país se encuentre en medio de un estado de emergencia nacional que amerite esa expropiación”.
Agrega en este contexto que hay acuerdos internacionales que atan a la República Dominicana y que le obligan a ofrecer garantías a la inversión extranjera. “Incluso, un acuerdo bilateral con la República de Suiza, a donde tiene su base la empresa ésta (Glencore) que solicitó explotar Loma Miranda, o sea, que hay muchos argumentos, hay muchos elementos que te dicen, mire, esta ley no puede ser promulgada”, comentó Rojas Gómez en el programa Hoy Mismo, por Color Visión, canal 9.
Como debilidades de la legislación observada dijo que de unas 17 leyes y decretos citados en los considerandos, 11 están derogados, lo que a él le mueve a preocupación “porque no se tomó el cuidado para hacer esa ley”, no obstante haber respondido todas las preguntas a los legisladores en una reunión de más de dos horas.
“Por eso digo que una institución de rango simple como una junta de vecinos lleva eso a un tribunal contencioso administrativo, o sea, no tiene que ser al Tribunal Constitucional, por las fallas de origen que tiene, porque cuando usted se sustenta en los vistos: visto la ley tal, visto el decreto tal y vas al escenario y te encuentras que esas leyes y esos artículos están derogados, entonces, estamos teniendo una falla de origen en la formulación de esa ley”, planteó.
Criticó además, la fuente financiera establecida para captar los recursos con los que pudieran ser indemnizados los propietarios de terrenos en Loma Miranda.
Para el ministro, el 10% de lo que recibe la cartera por emisión de permisos medioambientales representa el escaso monto de 6 millones de pesos al año, lo que no sería suficiente para pagar a las personas que habría que indemnizar.
Otros ejemplos son las contradicciones con las leyes 202-4 sobre áreas protegidas y la 64-04, de medio ambiente y recursos naturales.
“Si no hay méritos suficientes porque no se haya expuesto el territorio a una investigación profunda, científica, con todo el rigor para que sea área protegida, pues entonces estamos violando los dispositivos de la ley 202-4 de áreas protegidas”, agregó.
Dijo además, que al establecer que el Parque Nacional Loma Miranda estará bajo el control del Ministerio de Medio Ambiente y al mismo tiempo crea un consejo para su manejo, se está incurriendo en la violación de una ley marco, como lo es la 64-04 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “que establece bien claro lo que tiene que ver con todo lo relacionado con las áreas protegidas y la facultad que tiene el mismo, para manejar o disponer el comanejo de una área protegida”.
Reiteró que el Gobierno no autorizará explotaciones mineras que no garanticen la adecuada remediación ambiental y atribuyó la postura asumida por la sociedad frente al proyecto de Falconbridge Dominicana (Falcondo-Glencore) a que la población no está satisfecha con lo que ha hecho la empresa en las lomas Peguera, en Bonao, y Ortega, en La Vega.
“Ésta es una decisión patriótica, ésta es una decisión en que todos los sectores de la vida nacional deben respaldar y ponerse en pie, no para enfrentar al Congreso ni para enfrentar los grupos que promueven la designación de Loma Miranda como parque nacional, sino para que entre todos concertemos y nos pongamos de acuerdo. Esto no se puede resolver ni con piquetes ni con manifestaciones, es sentándonos en la mesa, haciendo demostraciones claras”, concluyó.
Ante una aparente incapacidad de sus técnicos, el Gobierno encargó el año pasado a especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una evaluación del estudio de impacto ambiental presentado por Falcondo para solicitar la licencia ambiental al Ministerio de Medio Ambiente, obteniéndose la conclusión de que el documento de la empresa minera era incumpleto, que no se recomendaba la explotación de Loma Miranda y se sugirieron aspectos a ser incluidos en un nuevo estudio.
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