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| La infanta Cristina |
La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos I de España, fue imputada hoy por un juez español por presuntos delitos de fraude fiscal a través de una empresa que compartía con su esposo, Iñaki Urdangarin.
El juez instructor del llamado "caso Nóos", José Castro, comunicó hoy la imputación de la hija menor del rey y la citó a declarar el próximo 8 de marzo, en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de Cristina de Borbón.
El juez Castro sostiene en su auto judicial que hay indicios suficientes de que la infanta Cristina se prestó a que Aizoon, la sociedad que compartía al 50 % con Iñaki Urdangarin, "sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales" y gastó fondos de la empresa conociendo su origen ilícito.
Castro, que ya imputó a la infanta el año pasado, aunque un mes después le retiró esta condición, defiende que tiene la obligación de imputarla para que dé cuenta de su conocimiento de los presuntos delitos fiscales cometidos por Aizoon.
Esta sociedad habría servido para encauzar el reparto de beneficios de las actividades ilícitas del Instituto Nóos, que obtuvo fondos públicos de forma irregular cuando lo presidía Urdangarin.
El juez ve indicios claros de que la infanta Cristina participaba en la entidad a modo de "escudo frente a Hacienda", y considera que no llamarla a declarar sería concederle un trato privilegiado.
En el llamado "caso Nóos" están imputados Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros (unos 8,7 millones de dólares) de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una institución sin fines lucrativos.
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la hija del monarca español pero cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial de Palma (Islas Baleares).
La imputación de la infanta Cristina, decidida hoy por el juez Castro, solo había sido pedida por el sindicato Manos Limpias, organización que ejerce la acusación popular, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia hija del rey se manifestaron contrarias a la imputación.
Tras conocer el auto, el abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá ante la Audiencia de Palma la decisión del juez Castro, se mostró "absolutamente y plenamente" convencido de la inocencia de la infanta Cristina y aseguró que la noticia de su imputación le ha "sorprendido", porque no la "esperaba".
Por su parte, la Casa del Rey, organismo que depende directamente del monarca y tiene como misión apoyarle en sus actividades como jefe del Estado, expresó su "respeto a las decisiones judiciales" tras conocer la decisión del juez.
En una entrevista emitida por Televisión Española (TVE) el pasado sábado, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, pedía que el juez Castro terminara pronto la instrucción de un sumario que "lleva ya tres años largos abierto" y cuya prolongación, según subrayaba, resulta "un poco un martirio" para la Corona.
El Gobierno español, tras conocer la imputación de la infanta Cristina, expresó su respeto a las decisiones judiciales y subrayó que no comenta las resoluciones de la Justicia, según fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe.
Respecto a los partidos políticos, el gobernante Partido Popular (PP, centroderecha) expresó su respeto a las decisiones judiciales y no quiso hacer más comentarios sobre la imputación de la infanta Cristina.
También el partido socialista (PSOE), principal grupo de oposición, expresó "respeto" y "acatamiento" a la decisión del juez del caso Nóos de imputar a la infanta Cristina.
El magistrado José Castro, de 68 años, es el primer y único juez que ha imputado a un miembro de la Familia Real, la infanta Cristina de Borbón, que desde 2013 vive en Suiza con su familia.
La investigación judicial del "caso Nóos" se remonta a 2010 y tiene su epicentro en Palma de Mallorca (Islas Baleares), aunque cuenta con ramificaciones en Valencia (este), Barcelona (noreste) y Madrid
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