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| Mas 3.000 soldados patrullarán las calles de Caracas |
Los venezolanos sufren estos días tres grandes problemas: apagones,
inseguridad y el combo del desabastecimiento de mercados e inflación. La
respuesta del gobierno de Nicolás Maduro parece la misma: militarizar la
cuestión.
Después de encargar a los uniformados la protección del sistema eléctrico y
darle a los problemas en los mercados el tratamiento de "guerra
económica", este lunes le tocó el turno a la inseguridad.
Hasta 3.000 soldados patrullarán las calles de Caracas a partir en el marco
del llamado Plan Patria Segura, la vigésima primera gran iniciativa en
seguridad en 14 años de gobierno chavista.
Para el gobierno, se trata de la primera vez en que la unión
"cívico-militar" -que caracteriza a la llamada revolución
bolivariana- lleva a los soldados a la calle para "proteger al
pueblo".
Maduro parece hacer honor a su compromiso de "mano dura" contra
la delincuencia que, según el propio gobierno, el año pasado se cobró 16.000
víctimas mortales. Otras fuentes estiman 21.000.
Sin embargo, expertos en criminología y derechos humanos dudan de que el
perfil de un soldado sea el adecuado para patrullar las calles y sobre todo
ponen en cuestión la constitucionalidad de la medida, pues la Carta Magna
atribuye a los órganos de seguridad un "carácter civil".
Proteger no reprimir
"Si no superamos este problema, no habremos hecho nada. No vale la
pena, inclusive, hacer más nada. Tenemos que resolver esto y llamo a todo el
país"
Tras años en que el gobierno venezolano hablaba de la inseguridad como un
problema de percepción alimentada por medios de comunicación, Maduro la
califica ahora como el "problema más importante" que enfrenta
Venezuela.
"Si no superamos este problema, no habremos hecho nada. No vale la
pena, inclusive, hacer más nada. Tenemos que resolver esto y llamo a todo el
país", dijo el mandatario en el acto con el que se puso en marcha del
plan, que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.
El despliegue comenzará en seis puntos de la Gran Caracas. "El
Ejército de libertadores, el Ejército de Chávez ya no va a salir como el 27 de
febrero, cuando la burguesía lo mandó a masacrar a Guarenas y a Guatire y al
pueblo de Venezuela; ahora va a salir a protegerlo", dijo en alusión a la
represión de los disturbios de 1989, conocido como el "Caracazo".
El presidente, que dijo la inseguridad es un problema que afecta a toda
América Latina y el Caribe, afirmó que "este flagelo nació producto del
capitalismo en los últimos cincuenta años, con la cultura del consumismo y el
culto a las armas y las drogas".
¿Con soldados?
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), cuando llegó Hugo
Chávez al poder, la tasa de homicidios era de menos de 5.000 por cada 100.000
habitantes, mientras en 2012 fue de 21.600, cifra mayor de los 16.000 que reconoce
el gobierno.
El director del OVV, el sociólogo Roberto Briceño, considera que "los
soldados son el instrumento menos adecuado para combatir la inseguridad".
Es el vigésimo primer plan que se
pone en marcha en los últimos 14 años para hacer frente al problema de la
inseguridad.
"Los soldados están preparados para la guerra y la seguridad ciudadana
es la ausencia de guerra, es evitar la guerra", le dijo Briceño a BBC
Mundo. "Colocar a soldados es una medida efectista, de orden publicitario
o populista, pero de ninguna manera pueden reducir el delito o el crimen".
"Es sorprendente que el gobierno, tras 14 años hablando de prevención
y de que el delito se combate con planes sociales, termine con una medida que
es la típica de los gobiernos militares de derecha, la militarización de la
calle", agregó Briceño.
La medida la defendió el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua,
quien asegura que la fuerza armada venezolana tiene una "doctrina
humanista" y defendió su apego a "los más altos valores de los
derechos humanos".
"No es la primera vez que nuestra Fuerza Armada Nacional sale a la
calle en estos 14 años de revolución bolivariana. Hemos visto a nuestros
soldados, a nuestros oficiales, junto a nuestro pueblo desde que el comandante
Chávez llegó al poder atendiendo las tragedias, construyendo viviendas,
repartiendo alimentos y ahora los veremos protegiendo la vida de nuestro
pueblo", dijo Jaua en rueda de prensa.
"Inconstitucional"
Quien tampoco ve la medida con buenos ojos es Liliana Ortega, directora del
Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989
(Cofavic), organización defensora de los derechos humanos conformada tras los
disturbios y represión del conocido "Caracazo".
Ortega recuerda el Caracazo, la masacre del retén de Catia en 1992 y las
desapariciones forzadas en Vargas de 2000 como ejemplos para afirmar que
"en Venezuela es imperante que todas las formas de control del orden
público estén en manos de los civiles y se aparten de esas específicas
funciones a los militares", le dijo Ortega a BBC Mundo.
"En Venezuela es imperante que todas las formas de control del orden
público estén en manos de los civiles y se aparten de esas específicas
funciones a los militares"
Liliana Ortega, directora de
Cofavic.
"No es una opinión personal, esto ha sido recogido por los estándares
internacionales de derechos humanos y la Constitución venezolana, que en el
artículo 332 establece muy claramente que los órganos de seguridad ciudadana
deben ser de 'carácter civil'", agregó.
Según Ortega, que califica la medida de "clara violación de la
Constitución", "las atribuciones de seguridad ciudadana tiene que ver
con la atención al ciudadano". "Son dos contextos totalmente
diferentes", dijo.
"El tipo de arma de la policía no es de guerra, como los fusiles
automáticos livianos y el resto de armas que usan los soldados", que no
son adecuadas "para actuaciones de control del orden público",
señaló.
Ortega aseguró que "es claro el aumento de denuncias de presuntas de
violaciones a los derechos humanos que se presentan cuando son utilizadas las
FF.AA. para el control de orden público o la garantía de la seguridad
ciudadana".
"Para explicar la violencia hay dos elementos fundamentales, el
aumento de la pobreza o el déficit institucional. Si tomamos como buenas las
cifras del gobierno sobre la disminución de la pobreza, para explicar el
aumento de la violencia (…) es el déficit institucional. En Venezuela hay un
esquema de impunidad institucionalizado", afirmó Ortega.
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