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Meroni compró a precio de ganga: 235 pesos el metro cuadrados en la
parcela 215-A (215-A-52), aunque por razones que este periódico ignora, solo
pudo quedarse con una de las tres porciones de terreno estatal cuya compra
había acordado con el entonces presidente Fernández.
En el contrato de compraventa firmado entre Meroni y el entonces
director de Bienes Nacionales Elías Wessin Chávez el 20 de diciembre de 2011,
quedan establecidas dos cosas: que el Estado es propietario de los terrenos
objeto de la transacción y que estos eran objeto de una litis judicial.
Además de la parcela de 43,000 metros cuadrados de la que ahora es
“propietario”, Meroni había logrado que el exmandatario le adjudicara otras
dos, de 62,500 y 92,000 metros cuadrados, todo
por los mismos 235 pesos que la
primera. Un verdadero regalo del que hubiera tenido que sentirse
imperecederamente agradecido: solo 47 millones de pesos por 200 000 metros
cuadrados en esta zona privilegiada.
En la comunicación 00980 del 6 de noviembre del 2012, el presidente de
la Cámara de Diputados, Abel Martínez, anuncia a Medina la remisión, “para
fines constitucionales”, de la resolución que aprueba “el contrato de venta
suscrito el 20 de diciembre de 2011, entre el Estado dominicano y el señor
Augusto Aldo Meroni, por el cual el primero traspasa al segundo una porción de
terreno con una extensión superficial de cuarenta y tres mil metros cuadrados
(43,000 Mts ), dentro del ámbito de la parcela No.215-A parte (215-A-52), del
distrito catastral No.3, del municipio de Enriquillo, de la provincia de
Pedernales, valorada en RD$10,105,000.00”.
En el contrato de compraventa firmado entre Meroni y el entonces
director de Bienes Nacionales Elías Wessin Chávez el 20 de diciembre de 2011,
quedan establecidas dos cosas: que el Estado es propietario de los terrenos
objeto de la transacción y que estos eran objeto de una litis judicial.
El octavo “Por cuanto” del contrato en cuestión grafica la naturaleza
espuria de la transacción, cuando se admite que Meroni había adquirido “los
derechos litigiosos” sobre esa porción de terreno y había “desinteresado a las
personas que han estado como ocupantes de la misma porción de terreno,
resolviendo así cualquier conflicto con
la comunidad”.
En el segundo artículo del documento, ambas partes reconocen la litis
que afecta a los terrenos negociados, por lo que Meroni declara que ejecuta la
compra “a su cuenta y riesgo, sin importar el resultado, y bajo el entendido de
que en caso de que el Estado sucumba en la misma” no recibirá compensación.
Un dato extraño
El “inversionista” no pago la
compra peso sobre peso, pese a la “importancia” de su proyectada inversión.
Avanzó cuatro millones mediante el cheque certificado No. 3546085 del Banco
Popular Dominicano, del 20 diciembre de 2011, y un acuerdo de financiamiento
por el resto que debía ser saldado el 31 de enero de 2012. En caso de
improvisto, el plazo sería ampliado hasta el 28 de febrero.
En el cuarto artículo del contrato, pese a que la totalidad de la
deuda no estaba saldada, el Estado autoriza a Meroni, “como si fuese él mismo”,
a solicitar al Tribunal de Tierras apoderado de litis la exclusión de esos
terrenos y, con esta exclusión en mano, pedir a la jueza apoderada “presentar
conclusiones y hacer los pedimentos que considere convenientes, incluyendo
expedición de nuevos Certificados de Titulo libre de litis a favor de EL
COMPRADOR”.
La insolvencia coyuntural del “comprador” es incomprensible si se toma
en cuenta la envergadura del proyecto, descrito en el contrato de compraventa:
“(…) un proyecto turístico que pretende ser desarrollado al más alto nivel, con
una baja densidad de 10 habitaciones por hectárea, utilizando materiales
amigables con el entorno, eco sustentable y con altas exigencias de respeto al
medio ambiente, de gran interés social y económico, incluyendo plantas de
tratamiento de agua potable y residuales con tecnología de punta que permitirá
el reciclaje de las mismas”.
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