Abogados dominicanos radicados en Puerto Ricos estafan a sus compatriotas

GUAYNABO, Puerto Rico.- Abogados de inmigración en Puerto Rico, principalmente dominicanos, cobran de manera abusiva a indocumentados, indolentes ante el bolsillo de sus propios compatriotas, según denunció un reconocido dirigente de la comunidad dominicana radicada en la Isla del Encanto.

Durante un encuentro con autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de San Juan, el presidente de la Asociación de Brahoneras en Puerto Rico, señor Francisco Batista, denunció que dentro de esos “abusadores” se encuentran abogados puertorriqueños, pero que lo peor es que hay abogados dominicanos.

Según los denunciantes, esos “compatriotas” no se conduelen del sudor de sus hermanos quisqueyanos.

“La mayoría de los abogados que están haciendo eso son dominicanos,  y si la cosa continúa, con la información, datos y evidencias que tenemos los vamos a denunciar y dar públicamente  nombres de esos abogados y abogadas”,  dijo.

Reconoció que existen abogados serios y honestos, pero que hay otros “indolentes” que no les importa maltratar económicamente el bolsillo de miles de personas humildes que tienen que vender y empeñar sus pertenencias para cubrir esos pagos.

“Me he hallado casos de personas que me dicen que se han encontrado con abogados que les piden 3 mil dólares y otros 900, y nunca les someten sus casos”

Explicó que una vez que esas personas humildes han entregado todo lo que tienen a esos abogados, no les resuelven sus casos.

Demandó de parte de todas las organizaciones dominicanas involucrarse para que el mensaje de la denuncia tome fuerza.

“Porque no solamente se maltrata a un inmigrante cuando se le violan sus derechos civiles, cuando se le da golpes o cuando la policía comete actos abusivos,  también hay personeros que ni son policías ni autoridades de gobierno, sino que son abogados corruptos,  insensatos que están engañando  a través de la desinformación a muchos inmigrantes dominicanos, y eso es lo que nos llevó a esta orientación”, precisó.

Al abordar el tema en el encuentro con el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de San Juan, señor Roberto Cintrón, el dirigente Batista reconoció que existen abogados serios y honestos.

De su lado Cintrón, explicó que por ética profesional no podía comentar directamente esta denuncia, pero sí explicó que a su oficina han llegado inmigrantes con historias similares.

“Me he hallado casos de personas que me dicen que se han encontrado con abogados que les piden 3 mil dólares y otros 900, y nunca les someten sus casos”, dijo el funcionario.

Aclaró que no endosa a nadie, pero que dentro de la comunidad hay muchas personas dispuestas ayudar, y que ellos ofrecen todas las formas de ayuda manera gratuita al igual que la orientación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración en Puerto Rico inició un proceso de orientación llevando charlas gratuitas a las comunidades en distintos municipios, donde a los asistentes no se les pide ningún tipo de información personal relativo a su situación migratoria en la isla. Los funcionarios se limitan a ofrecer orientación general a todos los interesados.

En la última fila del salón donde se efectuó el encuentro,  muy atentos estaban tres hermanos. En entrevista con este medio ofrecieron su testimonio de cuánto les quería cobrar un abogado cuando decidieron aprovechar el programa de acción diferida que aplica a ciertos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que necesitan regularizar su situación.

El costo de esta solicitud por persona es de $465 dólares, sin embargo el abogado les quería cobrar adicional  la suma de $1,500 a cada uno, y les dijo que el proceso tardaría un año, por lo menos.

Los hermanos Sánchez, Albania de 19 años, Pedro de 17 y Jeimy de 20, oriundos de Barahona y estudiantes de mérito en Puerto Rico, acudieron a la consulta con el abogado porque estaban listos para entrar a la universidad, pero no los aceptaban por ser inmigrantes indocumentados.

Explicaron que acudieron con el señor Batista quien los llevó directamente  a la oficina de inmigración para una orientación y recibieron todo lo que necesitaban, llenaron los formularios, y sólo pagaron el costo de los giros postales y el trámite no demoró ni treinta días, contrario a lo que les advertía el abogado.

Hace menos de un mes ya recibieron la aceptación de sus casos, ellos mismos llenaron la forma, y en días pasados, fueron a tomarse sus huellas.

“Una experiencia para sensibilizar los corazones de nuestra gente”, indicó Batista.

“Como el caso de ellos hay miles”, dijo, al exponer el caso de otra dominicana indocumentada víctima de violencia intrafamiliar.

Explicó que su compatriota, cuyo nombre no reveló por privacidad, pagó a un abogado $5 mil dólares por un trámite de ajuste de su situación de inmigrante, y que luego el profesional de las leyes le exigió 3 mil dólares más para que pudiera solicitar un permiso para viajar a la República Dominicana a ver a su madre enferma, algo que no era posible.

Batista indicó que fue una pena que no conociera de ese caso antes del primer desembolso, porque cuando lo presentó a las autoridades de inmigración le indicaron que aún si la señora solicitaba el permiso, si salía de territorio estadounidense perdería su derecho a seguir viviendo en Puerto Rico a la espera de su legalización.

Francisco Batista, presidente de una de las organizaciones de más respeto en Puerto Rico, llamó a sus compatriotas convertirse en entes multiplicadores para lograr que cada vez sean menos los inmigrantes estafados por los abogados.

Aprovechó para agradecer al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de San Juan, señor Roberto Cintrón, porque desde que comenzó sus labores ha tenido un acercamiento con los inmigrantes sin sembrar terror ni temor a la deportación.