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SANTO DOMINGO.- Desde el año 2008, la República Dominicana inició una
carrera de déficits fiscales que culminó en este 2012 con el mayor en toda la
historia desde que se llevan registros sobre economía. En estos cuatro años,
los déficits suman 401,105 millones de pesos, lo que evidencia un manejo
“absolutamente irresponsable de las finanzas públicas” por parte del gobierno.
Así lo establece la Comisión Técnica
designada por el Consejo Económico
Social en su informe preliminar
sobre el “Déficit fiscal en el año 2012: monto, causas y evaluación con respecto
al ordenamiento jurídico”, en el que destaca que lo ocurrido a partir de 2008,
y sobre todo en este 2012, “debe ser examinado con toda crudeza en el pleno del
Consejo Económico Social, con el objetivo de recomendar, durante las reuniones
que deberán celebrarse para alcanzar un pacto fiscal, mecanismos que eviten su
repetición, incluyendo la aprobación de un régimen de consecuencias más
efectivo y disuasivo que el existente”.
El pleno del CES, en su sesión del 10 de
octubre de este año, creó una comisión técnica con el objetivo de identificar
las causas y acciones que dieron lugar al déficit y estudiar si las mismas son
o no compatibles con la ley.
En ese sentido, el sector laboral
designó a Joaquín Luciano y Felipe Santos Reyes; el social a Alfonso Abreu Collado y José
Rijo, en tanto que la parte empresarial, a pesar de haber designado a Biviana
Riveiro y Pilar Haché en fecha 14 de noviembre, no se incorporó a la comisión,
razón por la que el informe preliminar ha
sido redactado por cinco de los siete miembros.
Hasta el día de hoy el informe no ha
sido sometido al pleno del CES, no
obstante haber sido entregado al presidente del organismo, monseñor Agripino
Núñez Collado, el 22 de noviembre, tal y como consta en la carta enviada por el
presidente de la referida comisión Francisco Álvarez Valdez. Según supo
7dias.com.do, en la última reunión del CES del miércoles 28 de noviembre, Núñez
Collado aseguró que apenas tenía media
hora de haber recibido el informe preliminar cuando, según consta en la
comunicación de Álvarez, llevaba ya siete días con el documento en sus manos.
El documento es claro en la
recomendación de que el déficit de 2012 se revise desde una óptica más amplia
en el tiempo, ya que sus antecedentes aparecen con mucha claridad en el año
2008 “y no se trata de una coincidencia que ambos, 2008 y 2012, hayan sido años
electorales”.
Amplía que “desde el año 2008 se tomaron medidas que
tenían por finalidad preservar la popularidad del gobierno a cualquier costo, y
esa es la razón principal, aunque no exclusiva, del por qué se generó un
déficit acumulado desde ese año hasta el 2011, de 214,105 millones de pesos,
antesala del enorme déficit de este año 2012 por alrededor de 187,000 millones
de pesos”.
“En cinco años, 2008-2012, el
déficit acumulado asciende a 401,105 millones de pesos, lo que evidencia un
manejo absolutamente irresponsable de las finanzas públicas, que en adición no
contribuyó a una reducción proporcional de la pobreza”, concluye el informe.
El documento señala como principales
causas del déficit del año 2012 “las
claras violaciones legales, al no transparentar en el presupuesto el monto
correcto del subsidio eléctrico, cumpliendo con la Ley General de Electricidad,
125-01 del 26 de julio de 2001, lo que era perfectamente estimable, o no
ajustar los precios de los combustibles debido al alza del petróleo, aplicando
incorrectamente el Decreto 307-01, en vez de fijar los precios partiendo del
precio de paridad de importación del petróleo en el mercado internacional, más
la tasa de cambio, como lo dispone el artículo 8 de la ley”.
.Explica el informe que “la principal razón del déficit del año 2012 ha
sido admitida oficialmente y se encuentra incluso contenida en una ley: el
presidente decidió terminar las obras que había comenzado a pesar de que dicha
terminación no estaba contemplada en la Ley de Presupuesto General del Estado
del año 2012. Esto permite explicar porqué el gasto fue mucho mayor después de
las elecciones del 20 de mayo, hasta la toma de posesión el 16 de agosto, que
de enero a mayo”.
Destaca que a pesar del avance en la
aplicación de leyes modernas que regulen el
régimen económico y financiero, “hemos podido detectar muy poco respeto
por las disposiciones constitucionales y legales adoptadas en esta materia, que
prohíben aumentar el gasto público sin la existencia de una ley que lo
autorice, o que establezca criterios de economía, planificación, eficiencia,
prioridad y sobre todo, transparencia para la asignación del gasto público, y
que no fueron respetadas”.
Como también se violó la Ley de
Presupuesto que señala que las apropiaciones aprobadas por el Congreso
constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de
los ingresos estimados, lo que en lenguaje sencillo significa “que no se puede
gastar lo que no ha ingresado y constituye una barrera legal para impedir la
generación de cualquier déficit que no haya sido previamente planificado e
incluido en la Ley de Presupuesto General del Estado”.
“El déficit de 2012 ha dejado al
descubierto nuevamente que nuestro principal problema no es aprobar nuevas
disposiciones legales, sino cumplir las que tenemos, pero en esta ocasión, por
la magnitud del déficit, el precio será apurar un trago muy amargo, tal como lo
describió el presidente Medina”, dice el informe.
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